Acontecimientos políticos imprevistos e impactantes en otro estado miembro ha colocado a Irlanda en el centro de la mayor crisis que enfrenta la Unión Europea. No, no estamos hablando del Brexit sino del colapso del estado de derecho en Hungría y, particularmente en Polonia.
El papel central de Irlanda en esto proviene de un caso que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Irlanda. Artur Celmer es buscado por las autoridades polacas para ser juzgado por varios cargos, incluido el tráfico de drogas. Una ley de la Unión Europea llamada Orden de Detención Europea hizo que la extradición de personas de un estado miembro fuera casi automática.
Sin embargo, la política ha intervenido. En los últimos años, los gobiernos húngaro y polaco han sido criticados por adoptar políticas cada vez más antiliberales, particularmente en relación con la independencia judicial.
El gobierno húngaro retiró a un gran número de jueces por la fuerza y dio a los políticos un mayor control sobre el poder judicial húngaro. En Polonia, el gobierno ha aumentado el control político de la judicatura y ha aprobado una ley que obliga a un tercio de la corte suprema a retirarse a menos que el presidente polaco les conceda una prórroga.
Estas medidas han provocado enfrentamientos con la Unión Europea y el poder judicial polaco. La Comisión Europea ha iniciado un proceso en contra del gobierno polaco y la Corte Suprema polaca ha pedido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie sobre si el retiro forzado de jueces viola las garantías de la Unión Europea sobre la independencia judicial.
No se trata de cuestiones menores, ya que los tribunales independientes y el reconocimiento mutuo de las decisiones legales entre los estados miembros son fundamentales para el funcionamiento de la legislación Europea.
De conformidad con la legislación de la UE, las autoridades irlandesas deben confiar en las instituciones de otros Estados miembros. En los procedimientos de extradición, si un tribunal de un estado miembro de la UE solicita a un tribunal irlandés que entregue a alguien para su enjuiciamiento, el tribunal irlandés de conformidad con la legislación de la UE debe asumir que esa persona tendrá un juicio justo.
Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea han dudado abiertamente de si el gobierno polaco respetara la independencia judicial. Por lo tanto, no fue sorprendente que el Tribunal Superior irlandés decidiera que debía preguntar al Tribunal Europeo si continuaba asumiendo que personas como Celmer obtendrían un juicio justo si se extraditaran a Polonia. Esta decisión causó una avalancha de críticas y abusos por parte de las principales figuras progubernamentales en Polonia.
El Tribunal Europeo dictó que el tribunal irlandés deberá verificar si existe un problema sistémico en relación con la independencia judicial y si existe un riesgo real de que, si se extradita, Celmer sufriría violaciones a sus derechos de un juicio justo. El Tribunal Superior decidió pedir más información a las autoridades polacas antes de decidir si entregar a Celmer.
Es difícil para la Unión Europea abordar esta situación. Los tratados de la UE proporcionan un mecanismo para despojar a estados en falta de sus derechos de voto, en caso de violación graves y persistente a los valores democráticos liberales. Sin embargo, hacerlo requiere el acuerdo de todos los demás Estados miembros y Polonia ha dejado en claro que vetará cualquier medida contra Hungría en este respecto y viceversa.
Aún así polonia fue suspendida del Consejo Europeo para el Poder Judicial ayer lunes porque el organismo que designa a los jueces del país ya no es considerado independiente del control político. El Consejo Judicial de Polonia (KRS) fue despojado de sus derechos de voto en decisiones de la EU.
Fuentes: Politico, Reuters
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