El 7 de junio, un mes después de solicitar un salvavidas para amortiguar la caída de su moneda, Argentina declaró que había llegado a un acuerdo de tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo standby de $50 mil millones.
El acuerdo financiero tenía como objetivo proporcionar un respiro para el gobierno, tranquilizar a los nerviosos inversionistas frente al creciente déficit fiscal, amortiguar una inflación disparada, y pagar obligaciones de deuda apremiantes.
Sin embargo, las cosas no salieron bien... En agosto, el peso cayó más de un 25% frente al dólar estadounidense y ahora ha perdido más de la mitad de su valor desde el comienzo del año.
En respuesta, el banco central argentino elevó las tasas de interés a un récord mundial del 60%, mientras que el presidente Mauricio Macri anunció una serie de medidas de "emergencia" para eliminar el déficit fiscal primario, incluyendo recortar el número de ministerios gubernamentales y aumentar los impuestos a la exportación.
Estas medidas han hecho que los Argentinos salgan a las calles en protesta en las últimas semanas en medio de la creciente ira por los recortes de gastos y el aumento de los precios al consumidor; muchos de los cuales culpan las políticas del FMI por el colapso económico devastador a principios de la década de 2000.
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| Reuters |
El Presidente Mauricio Macri asumió el cargo en el 2015 con la promesa de revertir las políticas intervencionistas de su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, y lograr que la economía estancada del país se mueva de nuevo.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había implementado un tipo de cambio controlado, que limitaba la compra o venta de monedas extranjeras. También restringió el acceso a dólares estadounidenses en un intento por proteger las reservas agotadas del banco central, que las había utilizado durante años para ayudar a incrementar el valor del peso argentino.
Una semana después de asumir el cargo, Macri levantó los controles cambiarios e introdujo una serie de reformas favorables al mercado con el objetivo de contrarrestar años de proteccionismo y altos niveles de gasto gubernamental, así como abordar la inflación, impulsar las exportaciones e impulsar el crecimiento económico .
Durante su primer año, también comenzó a recortar los subsidios a los servicios públicos en un intento por reducir el déficit fiscal, lo que hizo que los argentinos pagarán más por el gas y la electricidad.
El gobierno en algún punto dejó de hacer cambios por restricciones políticas, y no hicieron lo suficiente para evitar la situación actual.
Durante estos dos años, el gobierno de Macri gastó más de lo que podía y siguió pidiendo dinero prestado para financiar el déficit presupuestario. Esto generó presión sobre el banco central para que imprima más dinero con el fin de financiar déficits presupuestarios, lo que eventualmente culminó con el aumento en los precios al consumidor.
En sus esfuerzos por hacer frente a la crisis, Macri optó por evitar cambios drásticos que habrían desestabilizado aún más al país con un 29% de su población viviendo en la pobreza al comienzo de su mandato. Sin embargo, en abril de 2016, la tasa de pobreza en el país había aumentado a 32.6%.
En medio de este clima, persistieron las inquietudes de los inversionistas sobre la capacidad del gobierno para abordar los desafíos económicos del país y las inversiones extranjeras que esperaban no se materializaron.
Para empeorar las cosas, Argentina este año experimentó una de sus peores sequías en décadas que paralizó su sector agrícola.
Al mismo tiempo, los males del peso continuaron con los inversionistas retirando su dinero de los mercados emergentes para beneficiarse de una serie de aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Junto con los recortes de gastos y aumentar los requisitos de reserva para los prestamistas, el gobierno argentino también cambió la cabeza del banco central, que respondió a la rápida depreciación del peso al aumentar primero las tasas de interés a 45% y luego a 60%.
Argentina también acordó con el FMI recortar su déficit fiscal a 1.3% del producto interno bruto en 2019, frente al 2.2% del año anterior. El acuerdo exige un equilibrio fiscal para el 2020 y un superávit fiscal del 0.5% del PIB en el 2020.
Pero las medidas no lograron aliviar las preocupaciones de los inversionistas, lo que se vio agravado por el hecho de que alrededor del 70% de la deuda argentina está denominada en dólares. Esto hace que el pago sea mucho más caro frente a un dólar más fuerte.
Después de recurrir al FMI para obtener la asistencia de $50 mil millones, el gobierno dijo que utilizaría los fondos para aumentar sus reservas menguantes.
El acuerdo marca un punto de inflexión para Argentina, que durante años evitó al FMI después de una devastadora crisis económica en en el 2000.
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